jueves, 11 de marzo de 2010

El Panorama Televisivo Nacional que se Viene: La Misma TV, pero en Alta Definición


La reforma que se viene a la televisión pareciera quedará tan solo en la cosmética y lo tecnológico, y no en la apertura editorial; el potenciamiento, participación y ampliación hacia actores sociales, excluidos y/o comunitarios; la diversificación de contenidos y miradas; ni el robustecimiento de la programación cultural.

Luis Cuello Peña y Lillo
Egresado de Derecho
Autor del blog Otra Prensa! (www.otraprensa.com)

En los días posteriores al triunfo de Sebastián Piñera se han multiplicado los análisis y columnas de opinión en torno al estado de la libertad de expresión en Chile y su futuro. El análisis del desolador panorama a menudo se centra en la concentración de propiedad de la prensa diaria impresa en dos grandes grupos: Copesa, de propiedad de Álvaro Saieh, y El Mercurio, del grupo Edwards. Ambos consorcios, como se sabe, representan los intereses del gran empresariado, adscriben a una misma matriz ideológica y adquirieron una posición dominante en el mercado durante la dictadura de Augusto Pinochet. A ello se agrega el incierto futuro del diario “La Nación”, que en los últimos veinte años se ha constituido en el órgano de difusión de los logros del Gobierno y tribuna de los partidos políticos que conforman la Concertación (antes hizo lo propio como órgano del gobierno de facto). El presidente electo, durante la campaña, adelantó su deseo de cerrar el diario, y durante la campaña presidencial de 2005, de privatizarlo.

En el resto de las plataformas, considerando a la radio y a la televisión, -incluso internet- se exhiben similares niveles de concentración de la propiedad de los medios. En el plano político, la configuración del sistema de medios se ha reflejado en la uniformidad de la agenda pública y en la permanente exclusión de ciertas problemáticas y actores. En otros casos, si bien se alcanzan a visibilizar ciertas materias conflictivas, se hace desde una mirada unilateral y se recurre con frecuencia a técnicas de demonización, como ocurre con el denominado “conflicto mapuche”.

TELEVISIÓN: SABIAS RESTRICCIONES INAUGURALES

Como ya lo señalábamos, la discusión sobre el pluralismo en los medios se circunscribe principalmente a la prensa escrita. Sin embargo, el medio de mayor impacto sigue siendo la televisión y, también, en donde en teoría existen mayores regulaciones. Éstas se hacen necesarias toda vez que la televisión utiliza el espectro radioeléctrico, que es aquél espacio por donde se propagan las ondas que permiten que las señales de los canales lleguen hasta nuestros hogares. El espectro radioeléctrico es un bien limitado, común a todos los hombres según los tratados internacionales y administrado por los estados nacionales. Es entonces en nuestra legislación un bien nacional de uso público, sobre el cual se otorgan concesiones de uso a los operadores.

La televisión chilena nació a partir del consenso sobre su función: elevar el nivel cultural de la población. Es decir, un medio de comunicación entendido como servicio público. Desde esa visión, las primeras concesiones se otorgaron a las universidades y a Televisión Nacional de Chile, pues se desconfiaba de las televisoras privadas.

Resulta muy ilustrativo citar parte de la exposición de motivos de la ley 17.377, que estableció estas concesiones, al referir las razones para excluir la televisión privada:

“…las desventajas que este sistema ofrece a los fines sociales y culturales que se han tenido en mira, por su impacto deformador de la vida social del país, al perseguirse, de manera abierta o encubierta, pero inevitable, como se ha demostrado en los países donde existe, la comercialización completa del medio.”

Al examinar el actual estado de la televisión chilena, no puede sino concluirse que los temores de los legisladores de aquel tiempo fueron fundados. La introducción masiva de la televisión comercial no sólo no ha contribuido al desarrollo educativo, cultural y cívico de la población, sino que por el contrario lo ha deteriorado progresivamente. Se debe sumar el hecho que todos los operadores privados -más TVN- también comparten una misma visión de la sociedad y del sistema político, con escasos matices.

Asimismo, Televisión Nacional de Chile fue transformado en un canal comercial que mantiene la denominación de “público”. Tal carácter está determinado por su autonomía financiera que lo obliga a depender del avisaje, que condiciona así sus contenidos. La única diferencia con el resto de las estaciones televisivas radica en que su directorio se compone por representantes de los dos bloques con representación parlamentaria, lo que no necesariamente lo hace “plural” pues reproduce el sistema electoral binominal diseñado por la dictadura. Igual equilibrio existe en el Consejo Nacional de Televisión.

Si bien es cierto que resulta inviable prescindir de un modo absoluto de la televisión comercial, se hace necesario reformar sustancialmente la estructura de nuestra televisión. Se trata de un tema de gran trascendencia política, toda vez que un sistema efectivamente democrático requiere que los medios de comunicación expresen toda la diversidad social, política y cultural de la sociedad.

EL CASO ARGENTINO

Un gran paso en esa dirección lo dio el Congreso argentino, al aprobar durante 2009 la denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley Medios, duramente resistida por los oligopolios, y por organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa. Un dato interesante es que el proceso legislativo no se desarrolló únicamente en el poder político, sino que fue complementado con los aportes de organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios y académicos a través de numerosos foros abiertos.

El aspecto más innovador de esta ley es que divide el espectro radioeléctrico en tres franjas iguales: una para los operadores comerciales, una para el Estado y una tercera para las organizaciones sociales y comunitarias. Contiene además normas anti monopolios, y otras que garantizan la preservación de la diversidad cultural y lingüística del pueblo argentino.

Se hace cargo la ley trasandina de una realidad. Supera aquel concepto de la libertad de expresión según el cuál al Estado sólo le corresponde abstenerse de regulaciones que impidan su ejercicio. La libertad de información y de expresión no puede quedar al sólo arbitrio del mercado, pues está comprobado que genera concentración en manos de grandes grupos económicos nacionales e internacionales que, naturalmente, actúan en permanente resguardo de sus intereses. De este modo la confrontación democrática de ideas y proyectos de sociedad queda seriamente amputada, siendo sustituída por la rotación de un mensaje único.

LO MISMO, PERO “MEJOR”

En Chile, el advenimiento de la televisión digital pudo ser una oportunidad para abrir un amplio y participativo debate al respecto. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones se circunscribe a un diálogo dentro de la denominada clase política, de espaldas al resto de la sociedad, que recibirá una ley ya terminada. Salvo lo relativo a la definición de la norma técnica (Chile optó por la japonesa), las grandes interrogantes que decidirán el futuro de la televisión, relacionados con la naturaleza del régimen de concesiones, quedan ausentes de la pobre cobertura de los medios de comunicación sobre el particular.

En lo sustantivo, el gobierno presentó un proyecto de ley que en líneas gruesas mantiene el status quo. No se prevé la creación de un canal público y seguirá predominando el esquema de la televisión comercial. Pese a que se reservará un porcentaje del espectro radioeléctrico para señales regionales, locales y culturales, la flexibilización del sistema de concesiones permitirá que los concesionarios administren más de un canal. Según algunos autores, el diseño técnico de la Ley de Televisión Digital Terrestre impedirá en la práctica la emergencia de nuevos actores en la industria.

Es decir, los mismos canales de hoy se multiplicarán por varios, segmentando su oferta. Prevalece un concepto de la información como plataforma de negocios, no como un bien público, ni como un derecho humano. La importancia capital de la televisión para el sistema político, se aborda retóricamente, sin un correlato normativo. En el propio discurso público del gobierno se revelan ventajas técnicas como la calidad de la imagen o la posibilidad de “participar en concursos y comprar online”.

En definitiva, la televisión chilena quedará petrificada aunque “se vea mejor”. Hasta nuevo aviso, Chile permanece aislado de debates emergentes en sociedades que demandan la recuperación del efectivo derecho a la información, componente esencial de una democracia.

Fotografía de Jorge Díaz.