domingo, 12 de abril de 2009

El Cohecho Electoral ante las Modernas Tecnologías


Rodrigo Tapia Figueroa
Egresado de Derecho PUCV
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Para Ricardo Cruz Coke ("Geografía Electoral de Chile", 1952) el cohecho constituyó el mayor vicio de nuestro sistema electoral después de 1925. Según narra este autor, en los latifundios el patrón tenía voto plural ya que echaba a los inquilinos en camiones y los llevaba al pueblo a votar toda vez que el procedimiento de votación facilitaba y fomentaba específicamente el cohecho: "Si ha votado bien se le paga a la vuelta a la hacienda" era la consigna. En las zonas urbanas los electores llegaban a la secretaría de propaganda donde les daban una tarjeta y el voto particular, los vigilaban y controlaban durante la votación y si votaban bien les pagaban en un lugar ad hoc que cambiaba constantemente.

Según Cruz Coke el cohecho lo practicaban todos los partidos desde la derecha a la izquierda. No obstante, este autor concluía que "se puede considerar el cohecho como un factor que ha influenciado en forma decisiva el mantenimiento del poderío electoral de los partidos de derecha en las zonas rurales y, parcialmente, en las urbanas".

Esta práctica, en la forma descrita, perduró hasta 1958, año en que entró en vigor la Ley Nº 12.891, de 26 de junio, que estableció la cédula única confeccionada por la Dirección del Registro Electoral impresa en papel no transparente que llevaba el sello con marca de agua indeleble de dicha Dirección. Esta ley también incorporó a la cédula la indicación de serie y numeración correlativa como conocemos hoy en día.

No obstante lo anterior, las campañas electorales de los últimos años han venido introduciendo métodos que deben ser objeto de análisis si aspiramos a que el derecho a voto se manifieste por medio de un sufragio que tenga las características de ser libre, secreto e informado.

El diario La Nación en su edición del 10 de octubre informó que el Diputado Fidel Espinoza fue "atacado por una turba de personas que recibían ayudas en canastas familiares y pagos de cuentas en lo que se denominan "los viernes populares" en la comuna de Llanquihue, luego de que se "apersonó en el lugar para denunciar cohecho electoral". Conforme relata este medio "La presencia del diputado generó el enojo de quienes recibían las ayudas, saliendo agredido el honorable, dos periodistas del diario El Llanquihue, y el candidato a alcalde por la Democracia Cristiana, Carlos Tudela, quienes terminaron constatando lesiones al (sic) Hospital local. La furia de los agresores fue tal, que incluso a la salida del centro asistencial hubo quienes esperaron al parlamentario con el ánimo de darle una segunda paliza, por lo que el legislador y quienes constataron lesiones salieron del hospital con un amplio resguardo policial.".

El mismo diario en su edición de 24 de octubre informó que Sebastián Piñera defendió el "sorteo entre electores de electrodomésticos, viajes a Buenos Aires y hasta motos (añade que "el candidato de RN por Cerro Navia, Luis Plaza, optó por rifar este último "presente" en el cierre de campaña") por parte de candidatos de derecha, quien legitimó estas extrañas "gentilezas" con los ciudadanos a horas de los comicios locales.".

Para el ex Senador - informa La Nación- "No se puede comparar una rifa, que hacen los candidatos con recursos legítimos de sus campañas para beneficiar a la gente, con el uso y abuso de los recursos públicos, como se hizo con Indap, Chiledeportes, como se hace con los planes de empleo", advirtiendo que "ahí está el escándalo".

Entonces, en principio, el asunto pasaría por establecer si nos encontramos frente a modalidades de cohecho electoral o ante "rifas" o "gentilezas". Para ello deberíamos comenzar por consultar a los candidatos que realizaron estas "rifas" si dieron cumplimiento a las disposiciones del Decreto 955 de 24.06.1974 que contiene el Reglamento sobre realización de rifas, sorteos y colectas, o a quienes justifican la entrega de bienes como una "gentileza" hacia los electores si observaron las disposiciones sustantivas y procedimentales de orden civil y aquellas de orden tributario en materia de donaciones; pero esto me parece innecesario ante el claro tenor del artículo 137 de la Ley Nº 18.700, que sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio a el que solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector y a la persona que vendiere su voto o sufragare por dinero u otra dádiva.

Sin embargo, creo que es de mayor utilidad vislumbrar modos de poner coto a estos hechos que en nada enaltecen el prestigio de la clase política, privando de incentivos a quienes recurren a estos métodos de campaña.

La ley electoral vigente introduce una presunción en el artículo 137 respecto del que acompañare a un elector hasta dentro del radio de veinte metros alrededor de una Mesa, salvo que se trate de discapacitados que hubieren optado por ser asistidos en el acto de votar, con excepción de los casos de delito flagrante. Además, presume que ha incurrido en la conducta típica el elector que, en el acto de sufragar, sea sorprendido empleando cualquier procedimien-to o medio encaminado a dejar cons-tancia de la preferencia que pueda señalar o haya señala-do en la cédula.

Pero esto no resulta acorde al estado de la tecnología. De ahí que cobra relevancia el Proyecto de Ley que modifica la Ley Sobre Votaciones Populares y Escrutinios, prohibiendo el ingreso a la caseta de votación con teléfonos u otros elementos de reproducción de voz o imagen, iniciativa contenida en el Boletín Nº 5.914.06.

Los autores de la Moción entienden que el carácter secreto del voto implica que las personas deben emitirlo enfrentados únicamente a su conciencia ciudadana sin que nada o nadie los perturbe o presione su decisión y por lo mismo, que no deben estar sujetos a ningún mecanismo de control, directo ni indirecto, por parte de los eventuales interesados en la elección y que el delito de cohecho electoral vulnera los principios de que el voto debe ser libre y secreto, ya que por medio del pago en el cohecho electoral, el elector vende su conciencia y se somete a los mecanismos de control del voto que el que paga le impone para demostrar su fidelidad al pago que recibirá.

Es por esto que frente al uso masivo de la tecno-

logía digital y satelital, y dado que hoy es posible encontrar aparatos telefónicos, fotográficos y de emisión y reproducción de sonido e imagen de tamaño pequeño y de bajo costo, la iniciativa propone prohibir a los electores ingresar con alguno de estos elementos a la cámara secreta de votación, ya que fácilmente se podría fotografiar, grabar, filmar o enviar la imagen del votante en el momento de emitir su sufragio, con lo que el sobornante podría tener una prueba de extraordinaria fidelidad acerca de la forma en que el elector marcó su voto, más aun existiendo el voto foliado, que en este caso, sería una forma de fidelizar la ima-gen que se graba o en-vía, facilitándo-se sobre mane-ra la práctica del cohecho.

El proyecto busca introdu-cir el siguiente inciso segundo al artículo 61 de la Ley Nº 18.700, Orgá-nica Constitu-cional de Vota-ciones Populares y Escrutinios:

"Del mismo modo, cuidarán que ningún elector sea portador de algún aparato que permita el almacenamiento, reproducción o transmisión de datos, ya sea por medio de imagen o sonido. De ser el votante portador de alguno de estos aparatos, se le conminará a que lo deje en custodia en la mesa de votación, hasta que haya dado término a su proceso de sufragio.".

La iniciativa en comento constituye un valioso aporte a la lucha que significa velar por el respeto a las reglas del juego democrático. En caso contrario, no quedará otra alternativa que aceptar la pertinencia y vigencia de las palabras que pronunció Rousseau en su crítica al sistema parlamentario más antiguo del mundo: "Los ingleses creen que son libres, pero sólo lo son durante las elecciones de diputados. Después son esclavos, no son nada. Durante el breve período de su libertad, el uso que hacen de ella merece bien que la pierdan.".